Dilma ordena la economía
En esta oportunidad, las medidas buscan cerrar una brecha en la relación presupuesto/producto y revertir una tendencia de aumento del gasto, que desde 2003 hasta 2010 alcanzó un 3,3% anual del PBI, mientras que la tasa de crecimiento en los últimos dos años descendió al 1,8%. El auge fiscal se dio especialmente en 2010, cuando el expresidente Lula mantuvo una política expansiva, tanto para sostener la candidatura de Dilma como para enfrentar sin recortes la crisis internacional. Superado el contexto, ahora se trata de regular las erogaciones y controlar una posible presión inflacionaria.
Es que el aumento de precios es un tema que está en la agenda de los medios y alienta a los mercados, o sea a los empresarios, a criticar la política de gastos y generar incrementos en los valores de los productos. En 2010, los índices de precios al consumidor (IPC) no superaron el 7%; el IPC- Nacional llegó al 6,47% y IPC-Ampliado, que mide variaciones en bienes para familias de más de $R 350 a $R 3500, alcanzó el 5,91%. Y si bien la tendencia inflacionaria se mantuvo en enero, que sentenció un 0,83% en el IPCA y un 0,94% para el IPCN y fue el más elevado desde 2005, es un bajo nivel.
Pero esto lanzó un alerta e inmediatamente, conocido el indicador, el ministro de Hacienda, Guido Mantega anunció que se desarrollará una serie de recortes que “no afectarán a los proyectos sociales ni las millonarias inversiones previstas en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)”, aseveró el funcionario. Por su parte, la ministra de Planificación Miriam Belchior aseguró que “reduciremos los gastos corrientes. Es posible gastar menos y hacer más”.
Sin embargo, el motivo de las variaciones de precios no está en el gasto fiscal. Si bien el déficit alcanzó un 2,3% del PIB, está muy lejos de los problemas de cuentas que presenta Europa (o EE.UU.). En realidad, el escollo radica en la incapacidad del Banco Central de Brasil de contener una apreciación del real. Las políticas de Ben Bernanke en la Reserva Federal provocaron una devaluación del dólar y una suba de un 38% del real respecto de la divisa norteamericana en los últimos dos años.
Para mantener el valor del real, la intervención en el mercado de cambios y la acumulación de reservas han generado un aumento de la inflación. A su vez, el Banco Central brasileño, al aumentar las tasas de interés al 11,25% para controlar el incremento de precios, genera un desincentivo sobre la producción y, si bien atrae capitales que buscan buenos retornos, presiona aún más sobre el valor del real.
En definitiva, estas medidas tratan de revertir una tendencia de crecimiento del gasto y atenuar las presiones del tipo de cambio. De hecho, la primera acción de Dilma en política económica se orientó a flexibilizar el acceso al sistema de créditos para el sector exportador. Y ya, en su primera reunión de gabinete, lo que preocupaba al nuevo gobierno era la política de dólar barato, por lo que se perfilaba un análisis de recorte presupuestario por parte de los ministerios.
De esta manera, Dilma Rousseff tendrá la difícil tarea de ajustar el lápiz y detallar por dónde pasará la tijera, que según se anunció será alrededor de 50 mil millones de reales (unos 30 mil millones de dólares). Esta cifra parece ser alta, sin embargo, los montos significativos reales son menores, y es que se calcula que el presupuesto 2011 tuvo una sobreestimación de unos 20 mil millones por parte del Congreso, por lo que la reducción se centrará más en gastos como viáticos o pasajes de funcionarios, alquiler o compras de autos, costos operativos (luz, gas, teléfono y material de consumo) o, incluso, la suspensión de concursos públicos, que en otras erogaciones sustanciales.
Sin embargo, tendrá que ir lidiando con cada baja, por ejemplo, postergar la adquisición de aviones caza, una licitación que estaba casi cerrada desde la gestión Lula, podría provocar la primera dimisión en el gabinete. Es que el ministro de Defensa Nelson Jobim, quien fuera designado en 2007 y ratificado por Dilma, tuvo la responsabilidad de realizar este proceso de compra. Por otra parte, si bien el gobierno esta haciendo los cálculos teniendo en cuenta un salario mínimo de R$ 545, tendrá un conflicto en puerta, porque la CUT (Central Única de Trabajadores) reclama un monto mensual de $R 580, lo que es una variable compleja a la hora de enfrentar temas inflacionarios, aunque no sea la causa.
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